El gobierno de Alan García, con el fin de minimizar el impacto de las protestas del 7, 8 y 9 de julio ha lanzado una iniciativa incierta: repartir presupuesto, solventando los gastos de movilización de los trabajadores para que asistan a sus centros de labores. Así, el gobierno aprista admite per se el impacto de las protestas, sólo buscando un control de daños bien raro.
Una sutil medida de presión
La medida, en principio, sólo es de obligatorio cumplimiento para el sector público. Lo que busca es que los trabajadores públicos no se plieguen a las protestas poniendo en default a estos, puesto que teniendo desde ya recursos públicos destinados para asegurar su movilización, podrían encarar procedimientos sancionadores si no acuden a trabajar.
Sector privado
El Estado no puede disponer directamente un cambio de condiciones en el desarrollo de la actividad privada, por lo que esta norma no es aplicable a los trabajadores privados, aunque deja la puerta abierta para que los empleadores dispongan asignaciones a título gratuito, destinadas a la movilización de los trabajadores del sector privado.
Presupuesto
Inmediatamente lo que ocasiona es un desorden presupuestal puesto que las entidades del sector público deberán cumplir la norma ejecutando gasto de partidas ya presupuestadas para otros fines y en otros periodos, con lo que la administración deberá resolver para el martes la disposición y disponibilidad de recursos para luego encarar el procedimiento de sustentación de gasto y, en su caso, el traslado de partidas; procedimientos que de suyo toman tiempo y mantienen una regulación específica.
Control de daños
El Estado ya tiene formas de impedir que ciertos servicios dejen de atender a la ciudadanía incluso en huelgas o paros como el del 7, 8 y 9. Así, los trabajadores de varias áreas del Estado deben mantener reservas o piquetes de personal que atiendan los requerimientos de operatividad.
